Según recoge El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de prisión para cada uno de los seis, que están acusados por el Juzgado de estafa agravada, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por idear y llevar a cabo un plan de financiación del grupo empresarial a través de pagarés que ocultaban presuntamente la situación de insolvencia en que se encontraba en realidad el conglomerado.
Según el escrito del ministerio público —que reclamó la responsabilidad civil de 58 mercantiles y que consideró partícipes a título lucrativo a las otras siete hermanas Ruiz-Mateos (Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma, Rocío y Socorro)—, todo el dinero recaudado mediante las "agresivas" campañas de publicidad que pedían dinero a los ciudadanos a través de la emisión de pagarés era metido en una caja común y de ahí luego se derivaba al resto de sociedades del grupo, "según las necesidades" que tuviera cada una.
Sin embargo, parte de ese capital, relató la Fiscalía, fue utilizado por la familia para financiar coches de uso personal, abonar gastos de sus viviendas e incluso préstamos de estos inmuebles. "Una parte de los fondos captados de los inversores fue destinada por los acusados al pago de la adquisición de bienes de la familia, entre ellos algunos vehículos e inmuebles, estos últimos situados bajo la titularidad de sociedades españolas, a su vez propiedad de otras sociedades beliceñas, así como al abono de los gastos corrientes y préstamos vinculados a dichos bienes", relata Anticorrupción, que calcula que, "aunque se desconoce el importe exacto de los fondos así dispuestos, al menos 1.050.190 euros fueron destinados a financiar tales gastos".
El Confidencial apunta que además de contra los seis hijos de Ruiz Mateos, el juez De la Mata sienta en el banquillo de los acusados a Ángel de Cabo y a otras ocho personas mas en el marco del denominado caso Nueva Rumasa, señala a 57 de las 58 mercantiles que apuntaba Anticorrupción como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas más en calidad de partícipes a título lucrativo; entre estas últimas, las mencionadas hijas de Ruiz-Mateos o el que fuera abogado de la empresa Joaquín Yvancos.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado relata las prácticas supuestamente irregulares realizadas por los acusados en Nueva Rumasa, que en 2008 atravesaba una difícil situación económica que se agravó un año después. El instructor detalla la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del grupo, cómo realizaban 'operaciones fuelle' con sociedades pantalla para generar créditos ficticios con el fin de obtener liquidez a corto plazo así como la forma que tenían de utilizar testaferros en sociedades formalmente ajenas.
Según De la Mata, estas prácticas empeoraron la ya de por sí delicada situación económica del grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros. Ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de que los bancos le prestaran más dinero, los responsables del Nueva Rumasa urdieron un plan alternativo para captar inversores. Entre 2009 y 2011, según considera acreditado el magistrado, éste fue la única vía de financiación del grupo. Sin embargo, los fondos “no se destinaban ni a lo que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir" nuevas mercantiles "de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada”.
Ante las elevadas obligaciones de pago que tenían que afrontar y las declaraciones de concurso de acreedores que habían solicitado las principales mercantiles del conglomerado, continúa el juez, los hermanos llevaron a cabo una operativa de ocultación de patrimonio a partir de 2011 que también relata el auto judicial que pone fin a la instrucción del caso Nueva Rumasa, que se inició tras las denuncias presentadas por 1.409 perjudicados que reclaman 171 millones de euros.
Según De la Mata, los acusados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, recurrieron al engaño para inducir a error a los inversores con el fin de que éstos invirtieran sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas mercantiles del grupo a pesar de la manifiesta insolvencia en que éste se encontraba. El magistrado califica de "manifiestamente engañosa" la campaña publicitaria. “Obvio es significar -explica el auto- que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero”.
El titular del Juzgado número 5 añade que los seis hermanos idearon un plan para salvaguardar su patrimonio en cuanto vieron el "cúmulo de responsabilidades penales" que se les venían encima, dada la "absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores", que podían derivar en la ejecución de embargos contra ellos. El plan conllevaba traspasar sus fincas, hoteles y participaciones en mercantiles a Ángel de Cabo y otros acusados con el fin de que posteriormente éstos se los devolvieran, algo que "solo podrían conseguir sin pagar previamente a sus acreedores", entre los que estaban los compradores de pagarés, a los que siempre habían garantizado su inversión precisamente con el patrimonio que estaban intentando desviar.
