Hila ha afirmado que hoy en día la mayoría de la oferta en estas plataformas es "ilegal" y se ha referido en concreto a Airbnb. Ha explicado que una ciudad "muy potente" como Barcelona, y en general todas las grandes ciudades europeas, están intentando luchar contra este fenómeno, de momento sin éxito.
"El Estado se tiene que implicar, porque en muchos casos es una actividad ilegal, que defrauda impuestos; tiene que entrar a regularlo fiscalmente y en cuestiones de seguridad e identificación, para asegurar una calidad, una imagen turística y la convivencia con los vecinos", ha explicado Hila tras asegurar que en Palma de Mallorca el 90% del alquiler vacacional es "ilegal".
Este ha sido uno de los principales temas abordados en la reunión que la Comisión de Turismo de la FEMP ha celebrado este viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, junto a otros como la sostenibilidad turística y la relación con el Estado para hacer proyectos conjuntos.
En el caso de Santander, el alquiler vacacional "no es un problema" por su escaso volumen pero ya ha provocado quejas de alguna comunidad de propietarios que presumen que en su edificio se está llevando a cabo esta práctica.
Según ha explicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de Cantabria que revise los pisos
que se publicitan en las plataformas de alquiler vacacional para ver si están dados de alta como alojamiento turístico. Además, se ha mostrado partidaria de reglar y controlar este ámbito "para que no se convierta en un problema de seguridad" y no suponga una "competencia desleal" para las empresas turísticas.
Con este fin, la Comisión de Turismo de la FEMP ha creado un grupo de trabajo formado por técnicos de 20 ayuntamientos para estudiar las opciones de regulación. "Es un fenómeno tan nuevo en todas las ciudades europeas, que de momento no se ha encontrado la regulación perfecta", ha señalado el alcalde de Palma de Mallorca.
Hila ha explicado que el alquiler vacacional es competencia de los ayuntamientos cuando es turístico, y ha instado al Gobierno a modificar la legislación para clarificar cuándo es turístico y cuándo no para "eliminar zonas de sombra".
Ha añadido que la proliferación del alquiler vacacional puede alterar el diseño de una ciudad, y ahora mismo los ayuntamientos tienen herramientas "muy limitadas" para controlar este nuevo tipo de turismo, entre otras cosas porque la inspección es una competencia autonómica. "Al final es el ayuntamiento el que presta los servicios esenciales al turista", ha reivindicado.
