Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Pilar Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell, donde ha señalado que la revisión del acuerdo deberá incluir la devolución de esta cantidad más los intereses correspondientes.
Además, dado que el acto de aprobación de las subvenciones es un acuerdo del Consell de Govern, corresponde a este órgano el inicio de procedimiento y la resolución, y será necesario un dictamen del Consell Consultiu, preceptivo y vinculante. El acuerdo también será notificado al PP como parte interesada.
Por otro lado, el Consell de Govern también han acordado pedir al Parlament que a su vez solicite a la Sindicatura de Cuentas la revisión de las cuentas electorales del PP en las elecciones de 2003 ante la sentencia que condenaba al administrador de la candidatura del PP, Fernando Areal.
Según ha explicado Costa, aunque los hechos han prescrito desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo no prescribe la nulidad de pleno derecho del acto que otorgaba la subvención.
La portavoz ha insistido que se trata de "hechos probados" como "consecuencia de sentencias penales firmes", en referencia a los dictámenes de la Audiencia Provincial en el caso Scala y del Juzgado de lo Penal nº 7 de Palma en relación con Areal. "Quedó probado en sentencia firme que se habían falseado las cuentas electorales del PP respecto a esas elecciones", ha incidido Costa.
"La sindicatura de cuentas ha dictaminado en un nuevo informe que si se hubiese conocido toda esa información en el momento de establecer la subvención electoral, la cantidad se habría reducido en 153.000 euros", por lo que el Govern pide "que se devuelva ese dinero a las arcas públicas".
En este sentido, el Govern argumenta que el acuerdo de 2008 estableció una subvención a favor del PP "cuando a éste le faltaban, al menos parcialmente, requisitos esenciales para su adquisición y, además, son consecuencia de hechos calificados como delito".
no se cuantos son los intereses.
Por otra parte, Costa ha sido preguntada por la petición de archivo de caso Son Espases para el empresario, Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL. La portavoz ha recordado que la Fiscalía no ha pedido el archivo de todo el caso sino sólo la parte relativa a una de las personas y ha indicado que la Abogacía -que depende de su Conselleria- todavía no ha elaborado el escrito respecto a Villar Mir pero "en unos días se pronunciará al respecto".
