“Es una pena que la legislación europea tenga que avanzar a golpe de escándalo, pero todo avance debe ser celebrado y la defensa de los derechos del consumidor debe ser una de las bases de la legislación europea”, ha señalado la representante balear.
La europarlamentaria ha asegurado que desde el PP trabajan por encontrar un equilibrio entre esa defensa al consumidor, que consideran imprescindible, y la facilitación de la labor de las empresas europeas para que puedan ser competitivas en un mercado cada vez más global.
“Teniendo claro que la prioridad son la salud de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente, debemos reflexionar sobre el nivel de exigencia que imponemos a determinados sectores para que éste no impida a las empresas europeas seguir liderando el mercado, ni les lleve a cometer un fraude para aparentar que cumplen”, ha señalado Rosa Estaràs.
“La Unión Europea debe evitar reclamar unos estándares a las empresas y, en este caso a los fabricantes de automóviles, que vayan más allá de la protección de los consumidores y ciudadanos europeos, porque de esta forma solo irá contra sus propios intereses”.
Tras un año de investigación, el informe sobre el `caso Volkswagen´ concluye que los Estados miembros incumplieron su obligación legal de vigilar y hacer cumplir la prohibición de los dispositivos de desactivación, así como su obligación de adoptar sanciones suficientes por las infracciones de la legislación europea.
“Desde Europa debemos liderar los avances por acercarnos a la movilidad limpia en el futuro, pero debe ser un liderazgo positivo realizado a través del estímulo, más que una imposición a base de multas y castigos.
Solo así conseguiremos estar a la cabeza del mercado del transporte y de la protección medioambiental, manteniendo los puestos de trabajo que esta importante industria genera en todo el territorio de la Unión”, ha defendido la representante balear.
La europarlamentaria popular también ha destacado la importancia de impedir que se vuelva a producir un escándalo de estas proporciones porque afecta no solo a la empresa que ha cometido el fraude sino al resto de productores europeos y a la credibilidad internacional de la propia Unión Europea en el mundo.
