Así lo ha anunciado el presidente del TSJIB, Antonio J. Terrasa, durante la presentación de la memoria 2016 de la institución, donde ha explicado que por los cambios en el proceso criminal ya no se remiten al juzgado de instrucción los asuntos que no tengan autor conocido. De este modo, los juzgados de lo penal registraron 92.154 casos (un 40,22% menos que en 2015).
Además, han descendido un 2,66% los asuntos resueltos de carácter civil (48.135 casos) tras disminuir un -5,94 los casos registrados (47.919); en contencioso-administrativo, se registraron 2.854 casos (17,89%) y se resolvió el mismo número (-4,42%); y en lo social, se registraron 6.306 casos (-9,37%) y se resolvieron 6.833 (7,79%). El total de casos registrados asciende a 149.224.
De este modo, quedan pendientes 53.555 asuntos judiciales, la mayoría de ellos civiles (22.302, -9,47%), seguidos por los juzgados de lo penal (21.625 casos pendientes, -10,87%), social (5.676 casos, -35,86%) y contencioso-administrativo (3.052 casos, -3,42%). De este modo, los Juzgados de Baleares han disminuido un 11,77 por ciento el número de asuntos pendientes en 2016.
En cuanto al tiempo de respuesta, la sección primera tiene una demora en el señalamiento de juicios de cinco meses y la segunda, de tres.
Otros datos que ha destacado Terrasa son que los juzgados de lo mercantil han registrado 26 solicitudes de concurso necesario y 136 voluntarios; y que en los juzgados de violencia sobre la mujer se decretan mayor número de medidas cautelares a instancias de la víctima (417) que a instancias del Ministerio Fiscal (76).
Según los últimos datos del TSJIB correspondientes a 2015, en Baleares hay 13,9 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al archipiélago por encima de la media nacional, de 12,5; no obstante, las Islas también superan la media estatal en cuanto a tasa de litigiosidad, con un 194,2 por cada 1.000 habitantes en Baleares frente al 179,7 nacional.
Para Terrasa, la Memoria refleja la "necesidad" de creación de dos nuevas plazas en los órganos colegiados de Baleares, una en la Sala de lo Social del TSJIB y otra en una sección penal de la Audiencia Provincial de Palma.
En cuanto a los órganos unipersonales, ha reclamado nueve plazas más, cuatro en juzgados de Primera Instancia (tres en Palma y una en Ibiza); una en los juzgados Contencioso-administrativo; dos en los juzgados de lo Social de Palma, una nueva plaza en lo Mercantil y una en violencia de género, donde los juzgados han recibido mayor carga de trabajo al asumir competencias sobre los quebrantamientos de condena.
Finalmente, Terrasa también se ha referido a la implantación del expediente judicial electrónico, que ha calificado de "ambicioso" si bien ha reconocido que "no se han previsto especificidades para diferentes tipos de órganos" y que se han producido "disfunciones".
Terrasa ha atribuido estos problemas principalmente a la "obsolescencia" de la aplicación Minerva, de la que ha recordado que está ideada solamente para la gestión de documentos y no del trámite.
Además, ha admitido que existen "dificultades de compatibilidad" que provocan "caídas del sistema", por lo que ha reclamado que la mejora se produzca "en un tiempo razonable", para lo que según ha dicho mantienen "reuniones frecuentes y provechosas".
