Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que señala que el cierre del local es una medida cautelar "provisionalísima".
Los propietarios de la discoteca disponen de tres días para resolver las deficiencias antes de que la orden de cierre sea ratificada mediante un decreto.
Las deficiencias han sido detectadas por los técnicos después de una inspección hecha dentro del marco de la investigación judicial abierta en el Ayuntamiento de Palma.
La investigación está centrada en la presunta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores. Los investigadores apuntan a que la trama favorecía a los negocios del Grupo Cursach evitando realizar inspecciones, preavisando sobre las mismas cuando se producían y "machacando" a la competencia.
Por todo ello, el empresario Bartolomé Cursach y el directivo de su empresa, Bartolomé Sbert, se encuentran en prisión preventiva y se les imputan más de 15 delitos.
