Según el relato de Fiscalía, los hechos sucedieron en octubre de 2014. El acusado, de nacionalidad rumana, contrató los servicios de la víctima en la puerta de Sant Antoni de Palma y convino "un precio de 30 euros por mantener una relación sexual con penetración vaginal".
Ambos se dirigieron al domicilio del hombre y una vez ahí mantuvieron la relación sexual acordada pero en un momento dado el procesado solicitó "que se pusiera de espaldas para penetrarla por vía anal" a lo que "la víctima se negó ya que no habían pactado ese servicio y ella no realizaba esa práctica sexual".
Tras esto, el acusado le pidió que se pusiera de lado y aprovechó la ocasión para "satisfacer sus deseos sexuales" sin el consentimiento de la víctima. Esta, en un momento en que el agresor se relajó, se apartó y se marchó del lugar rápidamente sin llegar a percibir cantidad alguna ya que el hombre se negó a pagar "con el pretexto de no haber finalizado el servicio".
La Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión y una indemnizará de 300 euros por lesiones sufridas y 30.000 euros por daños morales causados a consecuencia de los hechos.
