Según recoge El Confidencial, el auto del titular del juzgado central de Instrucción n 2, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado 'La Vanguardia', está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB. El juez ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad. Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.
Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM). En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.
El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.
El Confidencial apunta que entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. No se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.
También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva. Asimismo, el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio. Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.
