Además, el anteproyecto introduce medidas de lucha contra la especulación -por ejemplo, con medidas correctoras que impidan plusvalías exageradas-, dará más competencias a las agencias de disciplina urbanística de los Consells Insulars, prohíbe los convenios de planeamientos urbanísticos -alegando que son fuente de conflicto y han dado lugar a indemnizaciones importantes- y crea una junta de expropiación autonómica.
Pons ha presentado el anteproyecto junto al director general de Territorio, Luis Corral. El conseller ha destacado que esta ley facilitará la construcción en los lugares permitidos al tiempo que intensificará la disciplina.
Con todo, ha recalcado que "no pretende hacer borrón y cuenta nueva" sino recoger "buena parte" de la normativa vigente "y a partir de aquí crecer hacia delante", manteniendo "cuestiones que suscitaron consenso". También busca perdurabilidad -dando "máxima seguridad jurídica"-, establecer líneas básicas de regulación de los tres tipos de suelo, el "cierre de la barrera" a lo que se ha gestado ilegalmente o a cambios de clasificación automáticos, agilizar los procesos de planes generales y la sostenibilidad y protección del territorio.
El anteproyecto, en el que han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos durante ocho meses de trabajo, ahora iniciará la exposición pública y negociación con los grupos parlamentarios.
La ley incorpora tanto el régimen urbanístico de suelo rústico como aspectos de planeamiento y gestión relativos al mismo, sin incorporar los aspectos de detalle reglamentarios incluidos en la legislación urbanística sectorial.
Una importante novedad es que se elimina la posibilidad de asentamientos en medio rural como vía de reclasificación de las urbanizaciones ilegales y también deja sin efecto cualquier amnistía de las viviendas ilegales en este tipo de suelo.
Además, se da competencias a los Consells Insulars y a sus oficinas de disciplina para actuar en suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP, APT costeras).
El anteproyecto prevé como medidas para luchar contra la especulación que las plusvalías generadas por cambios de clasificación, calificación o rentabilidad de usos que resulten superiores a un "beneficio razonable" deberán repercutir en la administración.
Por otra parte, se prohíben los convenios de planeamiento urbanístico, ya que según el conseller "han sido fuente de conflictos" y "muchas veces han derivado en indemnizaciones copiosas" para los ayuntamientos.
Como novedad, se crea una junta de expropiación autonómica, integrada por profesionales.
Se fijan dos procesos de disciplina urbanística: el sancionador y el de restablecimiento de la legalidad -y de la realidad física alterada.
El procedimiento sancionador recoge sanciones económicas por actuaciones ilegales: por obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable, multas entre el 50% y el 100% del valor de la obra, dependiendo de si el uso es permitido o no, y en suelo rústico, entre el 150% y el 300% del valor si es uso autorizado y 300% si es un uso prohibido.
En el proceso de restablecimiento y ejecución de demoliciones, se fijan responsabilidades para las autoridades y cargos públicos que con conocimiento de causa y teniendo posibilidad de impedirlo, permitan la indisciplina urbanística.
Además, en las construcciones ilegales ya prescritas no se podrá autorizar ninguna actuación, ni tan siquiera de mantenimiento.
Se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas de licencia urbanística previa (se presenta el proyecto y si el ayuntamiento no responde en un plazo de un mes se inicia el plazo para ejecutar) y se prevén multas coercitivas continuadas del 10% del valor de la obra ilegal que se van repitiendo cada mes (hasta un año).
Finalmente, el plazo para la ejecución subsidiaria por parte de la administración se amplia a 15 años.
El planeamiento urbanístico tradicional se divide en dos figuras: el plan general, que regula los aspectos más estructurales -aunque limitando su contenido a la escala macro, infraestructuras y dotaciones generales y usos globales- y una nueva figura, el plan de ordenación detallado, con las determinaciones de ordenación de carácter más flexible -forma urbana, tipologías o usos detallados, por ejemplo.
Asimismo, los municipios superiores a 10.000 habitantes podrán aprobar estos planes de ordenación. El plazo de aprobación de los planes generales -marcarán únicamente líneas estructurales- no debe ser superior a tres años y el Consell informará en el momento de la aprobación inicial. Se prevé una transición de un modelo al otro.
El anteproyecto plantea la reutilización del suelo urbano para evitar nuevo consumo de territorio, a través de medidas edificatorias como la rehabilitación, medidas de puesta en el mercado de suelo urbano vacante, ante las demandas de nuevo suelo, y medidas de renovación y regeneración de tejido urbano.
Además, todas las actuaciones urbanísticas deberán supeditarse a un control económico: una memoria de viabilidad en el caso de particulares y un informe de sostenibilidad económica para administraciones como garantía de que una actuación determinada no lastrará el futuro de las cuentas de las haciendas locales.
