Con esta medida -prevista en la normativa europea de mayo de 2015 sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de la Xylella fastidiosa-, el gobierno español apoya al sector agrario balear y a la vez se garantiza la lucha contra la propagación de la plaga de la Xylella Fastidiosa en el territorio nacional. Se atienden además las justas demandas del sector, que pedía que se evitara la tala de miles de árboles y una gran extensión de vegetación para hacer frente a la plaga de forma local.
La eurodiputada balear Rosa Estarás ha manifestado su "compromiso con el territorio, y el sector agrario balear, que es fundamental para el territorio rural de las islas. Por eso celebro hoy que el Gobierno de España haya tomado esta decisión que asegura el respaldo de nuestro Gobierno nacional a los agricultores del campo balear que han manifestado su preocupación, y a los que hemos apoyado y seguiremos apoyando en sus solicitudes".
Por su parte, la portavoz de Agricultura de la Delegación española, la eurodiputada Esther Herranz, ha dejado clara su intención de seguir luchando por la defensa del sector agroalimentario español frente a las plagas externas: “es necesario que haya una política de protección fuerte que evite que casos como el de la Xylella vuelvan a ocurrir en Europa”.
La Delegación Española del Partido Popular lleva trabajando varios años en este asunto, primero denunciando la entrada de la plaga en el territorio europeo a través de los puertos europeos y su propagación en Italia y más recientemente en las islas.
En concreto, los eurodiputados populares han presentado preguntas parlamentarias sobre este asunto, y también a solicitud suya se han celebrado en la Eurocámara debates con presencia de la Comisión Europea, haciéndose un seguimiento exhaustivo del caso de la Xylella y exigiendo siempre la defensa de los intereses de los afectados, que es fundamentalmente el sector agrario.
Estos esfuerzos se han realizado siempre en contacto con las asociaciones y sindicatos agrarios de las Islas Baleares, con los que se ha trabajado para, en defensa de su viabilidad futura, llegar a la solicitud que hoy ha realizado el Gobierno de España.
