Así lo ha avanzado su portavoz, Miquel Àngel Coll, quien ha criticado que esta norma "ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía, evidenciando que los ayuntamientos han sido los que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias del PP".
Para Coll, es "imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual con que la ley del PP somete a los municipios", y por eso, la propuesta también pide al Estado aprobar una ley de régimen local que refuerce la autonomía local "y garantice un sistema de financiación adecuada, estable y proporcional a unas competencias muy definidas".
Según el portavoz socialista, esta definición del sistema competencial es necesaria, pues "los efectos de la Ley Montoro han supuesto una merma importante de los servicios públicos prestados por los entes locales y un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la Administración".
Una vez se derogue esta normativa, ha explicado que el principal reto será aplicar el principio de subsidiariedad a las administraciones locales.
"Reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad de prestar servicios tiene que ser la prioridad, junto con la transparencia y la suficiencia presupuestaria, porque sólo una administración que atiende sus ciudadanos es una administración útil", ha añadido.
Así pues, estos puntos tendrían que quedar definidos en "el nuevo municipalismo del siglo XXI, que se tiene que gestar con la participación de los ayuntamientos, de las administraciones más cercanas y que mejor representan a la ciudadanía", ha argumentado Coll.
Finalmente, la iniciativa impulsada por los socialistas también contempla instar en el Gobierno a hacer, desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales "que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas".
La propuesta se debatirá en el próximo pleno del Consell y, según el portavoz del Grupo Socialista, "es importante que la institución insular se pronuncie sobre una cuestión que le afecta directamente, del mismo modo que perjudica a tantos ayuntamientos de Mallorca".
