La demanda, a la que tuvo acceso Efe, pedía la reconversión del Valle de los Caídos en un “Espacio de Memoria” de las víctimas así como trasladar los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de La Falange José Antonio Primo de Rivera al lugar que designen las respectivas familias.
El texto, al que también se adhirieron los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, reclamaba la constitución de una dotación económica suficiente, a cargo del Estado, para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el lugar, previa solicitud al efecto.
Incluso planteaba la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, “para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral”.
La demanda solicitaba la anulación de los decretos de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “en cuanto contradicen la letra y el espíritu de la Constitución y la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
Pero iba más allá al pedir “un nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos y la institución que lo dirige, sus bienes y cuantas otras relaciones y situaciones jurídicas puedan verse afectadas”, de forma que incuyera la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de memoria para las víctimas.
Dicho espacio debía incluir, según Garzón, un lugar de identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran allí inhumados, la publicación oficial del nombre de todas las víctimas, información suficiente para los visitantes, la creación de un Centro Ocupacional de Memoria y mecanismos que garanticen el más amplio acceso a los archivos e información del Valle de los Caídos.
“No existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000 víctimas), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria”, decía el escrito.
