Hace ya más de un año –en concreto, el 31 de enero de 2016–, comenzó la vista oral del caso de presunta corrupción más mediático de la reciente historia de España.
El fiscal Pedro Horrach, el ex presidente Jaume Matas, la abogada del sindicato Manos Limpias, la ‘mano derecha’ de Rita Barberá en Valencia, el abogado Miquel Roca, Pepote Ballester y muchos protagonistas más estuvieron en el foco de la noticia durante meses. Después, las magistradas se retiraron a deliberar… y hasta hoy. Hasta hoy, fecha en la cual aún no hay sentencia y después de haber tenido que prolongar el plazo inicialmente acordado (diciembre de 2016 hasta 31 de marzo de 2017) para redactarla y entregarla a las partes.
La presidenta del tribunal, Samantha Navarro fue apartada de cualquier otro caso y responsabilidad en los tribunales para que se dedicara en cuerpo y alma a esta peliaguda labor. Periódicamente se reúne con sus compañeras de juicio, las también magistradas Eleonor Moyá y Rocío Martín. De hecho, Navarro, al parecer, ya lleva más de mil folios de sentencia redactada, se ha recluido para hacerlo en su propio domicilio y solo aparece por la Audiencia en contadas ocasiones para recabar datos e informar de la evolución del proceso a sus superiores.
Pero un escollo ha hecho embarrancar el barco judicial: no hay acuerdo entre las tres magistradas sobre la responsabilidad de la hija del Rey Emérito y hermana del actual monarca, Felipe VI. Según informan fuentes de toda solvencia del ámbito judicial, se quiere evitar una sentencia con votos particulares sobre este espinoso tema. Se busca la unanimidad en la valoración de los hechos perpetrados por la regia imputada: la Infanta debe ser absuelta o condenada por unanimidad del tribunal. Y, al parecer, esta unanimidad ahora no se da.
El tiempo avanza y los plazos de acortan. Mientras, todos los juzgados esperan y en algunos despachos de abogados se están preparando querellas contra el Estado por el retraso en el proceso.
Recordar que la instrucción del caso Nóos se prolongó durante más de cinco años (desde 2010) como una más de las 25 piezas separadas del macroproceso Palma Arena. Antes del juicio, el tribunal resolvió las cuestiones previas (11 de enero de 2016) y la improcedencia de aplicar a Cristina de Borbón la exculpatoria 'doctrina Botín' (29 de enero de 2016) elaborada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La vista oral consumió 61 sesiones entre el 31 de enero y el 22 de junio del pasado año tras realizarse todo tipo de pruebas y alegaciones.
El fiscal mantuvo su acusación contra Urdangarin (habría desviado hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos, presidido por él, mediante acuerdos con las administraciones valenciana y balear) y la exculpación de la Infanta, que sin embargo sostuvo el sindicato Manos Limpias, cuyo responsable, Miguel Bernad, y el de Ausbanc, Luis Pineda, fueron a la cárcel en pleno desarrollo del juicio (abril de 2016) por presuntas prácticas mafiosas. Entre ellas, la de chantajear con el ejercicio o retirada de la acción penal contra la infanta Cristina.
