Durante el interrogatorio, Salord ha negado haber hecho desaparecer o haber destruido el citado expediente ni ningún otro y ha dicho que no ha obtenido ningún beneficio de todo lo ocurrido.
De hecho, ha constatado que el expediente del policía se ha seguido tramitando y que la empresa Registril tenía copia de dicho documento.
Salord ha indicado que reunirse "con un ciudadano que tiene una preocupación no es darle un trato de favor" sino su "obligación" por su cargo.
En este sentido, ha explicado que había muchos ciudadanos afectados por disciplina urbanística que contactaron con ella "en el supermercado" o incluso en la puerta de su casa porque sabían que también era una afectada y consideraban "que las tasaciones que hacía Registril estaban muy por encima de la realidad", siendo el policía municipal uno de estos casos.
Con todo, Salord ha negado tener cualquier tipo de relación personal con el policía municipal y ha explicado que mantuvo esta reunión con él pese a que la concejal de urbanismo era Milagros León porque después podía trasladarle el contenido: "No creo que haya ninguna ley que impida a un concejal colaborar con otro, ha dicho.
Según Salord, que también fue alcaldesa accidental temporalmente tras la dimisión de Llorenç Brondo, el expediente estaba en el despacho durante la reunión y devolvió el conjunto de expedientes un ordenanza municipal.
La acusada ha señalado que al entregarle los documentos no se le advirtió de que se le encargara su custodia y no se consideraba responsable de la misma.
En el escrito de acusación, en el que se le imputan delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, el fiscal detalla que en 2009 la acusada, careciendo de funciones en materia de urbanismo, requirió a la sociedad contratada por el Ayuntamiento para la tramitación de expedientes disciplinarios en esta materia un total de 12 expedientes, entre ellos el de un policía municipal.
Según este escrito, días más tarde la acusada devolvió todos los expedientes a excepción del que afectaba al policía, con quien se reunió en su despacho. Asimismo, el fiscal acusa a Salord de haber ocultado o destruido el expediente disciplinario urbanístico para beneficiar injustamente al policía.
La fiscalía pide dos años y medio de prisión, multa de 4.500 euros e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años y medio.
Por otro lado, la acusación particular, ejercida por Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), ha explicado que Salord solicitó estos expedientes "con el pretexto de realizar una estadística" que no llegó a hacerse y ha subrayado que la acusada insistió en obtener los documentos originales ya que se le habían entregado fotocopias.
Además, ha censurado que Salord "no ofreció ninguna explicación" sobre el paradero del expediente "ni ha colaborado" para localizarlo.
Finalmente, ha lamentado que el policía, delegado sindical, no haya abonado aún la sanción (que cifra entre 21.000 y 42.000 euros) ni se haya procedido al derribo de la edificación expedientada.
Por su parte, el abogado defensor de Salord, ha atribuido las acusaciones a una represalia por parte de UPCM contra el PP por haber roto la coalición de gobierno, puesto que el Ayuntamiento "no está personado como acusación" y "no ha denunciado el extravío del expediente", y ha asegurado que no era responsabilidad de Salord la custodia del documento.
Además, ha argumentado que entre los expedientes había uno que afectaba a la propia Salord y que podría haber hecho desaparecer su propio expediente y no el de otra persona.
Por otra parte, el defensor ha considerado que si no se ha cobrado el importe de la sanción o demolido la edificación es responsabilidad del Ayuntamiento.
