En su iniciativa, recogida por Europa Press, la formación 'naranja' insta al Gobierno a establecer relaciones con los propietarios de sistemas, como Amadeus o Gabriel, y con los distintos consolidadores online, con el objetivo de obtener información sobre billetes no volados, de modo que se evite el fraude con los service fees' de los billetes no volados.
También pide que el Estado lleve el control de los vuelos por el número identificativo del billete, creando la casilla de "vuelo volado" en los informes de Fomento.
En el texto de la iniciativa, Ciudadanos recuerda que el pasado 27 de octubre se aprobó la resolución de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en la que se establecen los precios de mercado aplicables para la liquidación de las bonificaciones de los billetes aéreos para Canarias y Baleares, emitidos bajo contratos comerciales de grupos por parte de las agencias de viaje y los touroperadores.
De acuerdo con lo establecido en la resolución, todos los grupos reservados con anterioridad a la fecha de aprobación estarían sujetos a la aplicación de los importes bonificables establecidos.
En este sentido, para poder mantener la subvención del 50% para residentes y familias numerosas, los billetes aéreos para estos grupos debían emitirse antes del 31 de diciembre de 2016.
En caso de no poder emitirse antes de esta fecha, la aplicación de la subvención de residente en estos grupos estaría sujeta a los precios máximos establecidos en base a la nueva normativa aplicable a emisiones a partir del 1 de enero de este año, lo que podría representar un incremento en el precio por pasajero residente, al disminuir la subvención aplicable.
Recientemente, el Ministerio de Fomento aseguró que su departamento buscaría una solución para la situación de los territorios extrapeninsulares que se han podido ver afectados por el fraude de "pagos irregulares de millones de euros" en la subvención al transporte aéreo de residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y que ha aplazado a marzo los cambios en la Ley de Subvenciones que afectan a los descuentos de transporte de los territorios extrapeninsulares en viajes de grupos.
"Este fraude continuado se ha venido realizando mediante un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto, consistente en la presentación de liquidaciones por encima de lo cobrado por pasajero", denuncia Ciudadanos.
Además, añade que se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación, lográndose lucro.
La Fiscalía ha reclamado indemnizaciones y multas millonarias por este motivo. Según ha quedado acreditado por parte de la Fiscalía, la base tomada para reclamar las subvenciones el Estado era la cantidad máxima que la aerolínea tenía establecida y declarada ente Aviación Civil por la tarifa aérea y los cargos por emisión de billetes vendidos.
Además, se tiene constancia de pagos recibidos por billetes no volados, por lo que Ciudadanos ve necesario que el Estado lleve el control mediante el número de billete, obligando a la existencia de una casilla de "vuelo volado" en los informes de Fomento.
En cualquier caso, el objetivo es "evitar la penalización de los residentes, de los ciudadanos que viven en territorios extrapeninsulares".
"El problema no se encuentra en los pasajeros, sino en la perversión del sistema utilizado para realizar estos pagos. Los pasajeros no pueden ser los damnificados del sistema establecido", defiende.
