Maicas es la preferida de Podemos para presidir el Parlament y sustituir a la también expulsada del partido Xelo Huertas.
Barceló también ha encausado a Margalida Santandreu, una documentalista del grupo parlamentario de Podemos.
Maicas y Santandreu deberán comparecer, asistidas por abogado, en el juzgado de instrucción 2 de Palma el próximo 15 de febrero. No se descarta que el instructor cite a más dirigentes de Podemos para aclarar lo ocurrido con la presunta suplantación de la identidad de Seijas, que, junto a la todavía presidenta del Parlament Xelo Huertas, han sido expulsadas de Podemos y presumiblemente pasarán a engrosar el grupo mixto de la Cámara.
La diputada y la asistente parlamentaria están acusadas de un presunto delito de falsedad documental.
Los hechos se remontan al pasado septiembre cuando Seijas, que entonces pertenecía a Podemos, presentó varias preguntas parlamentarias dirigidas a la consellera de Salut.
El 14 de noviembre siguiente, cuando la diputada Seijas había sido suspendida cautelarmente de la militancia en Podemos, la interpelación ya había sido retirada.
Seijas explicó el jueves pasado al juez Barceló que nadie de Podemos le informó de que se iba a renunciar a la interpelación y la retirada de las preguntas se hizo sin su conocimiento ni autorización. El 15 de noviembre la parlamentaria menorquina denunció los hechos en el juzgado de guardia de Palma.
El escrito dirigido a la Mesa del Parlament para anular la interpelación llevaba la firma de Seijas, pero esta postula que no rubricó ese documento, ni autorizó el uso de una firma suya escaneada que Podemos utilizaba para agilizar los trámites parlamentarios.
Desde Podemos se ha explicado que todos los diputados del Parlament tenían sus firmas escaneadas (digitalizadas) para poder funcionar en la Cámara con mayor celeridad. El uso de la rúbrica de Seijas se ha atribuido a "un error por seguir un procedimiento rutinario en un trámite administrativo"
La fuerza morada se defiende alegando que Seijas seguía siendo diputada del grupo y no había manifestado su oposición a que se usara su firma digitalizada. La expulsada más tarde sí solicitó por escrito que no se utilizara esa firma escaneada.
Los hechos se plantearon inicialmente como una simple suplantación de firma, pero el juez Barceló quiere aclarar si con la presentación de aquel documento a la Mesa del Parlament se vulneraron los derechos de Seijas a representar a los ciudadanos. La denunciante ha señalado que lo ocurrido fue una censura a su tarea de control al Govern.
