La central ‘abertzale’ enmarca esta decisión en el “nerviosismo” que ha generado en este organismo la denuncia presentada contra la delegación territorial de Vizcaya el pasado 1 de diciembre por un presunto delito de prevaricación por rechazar de forma “injusta y arbitraria” a los reclusos de la banda terrorista la ayuda de desempleo por excarcelación una vez se sale de prisión, informa El Confidencial.com.
La central vinculada a la antigua Batasuna se arroga este logro ya que, según asegura, el SEPE ha rectificado las cuatro resoluciones denegatorias dictadas en septiembre con nuevas disposiciones que fueron aprobadas apenas “cinco días después” de la presentación de la denuncia en los juzgados de lo Penal de Bilbao.
Los servicios jurídicos de LAB han emprendido una batalla en los tribunales para lograr que se conceda a unos 70 expresos de ETA el subsidio por desempleo, que alcanza los 426 euros al mes durante medio año ampliable hasta 18 meses. La denuncia que presentó descansa en que la delegación territorial del SEPE en Vizcaya aplica para denegar estas prestaciones a los etarras que salen de la cárcel tras cumplir sus condenas una normativa que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de junio.
La ‘victoria’, según pone en valor el sindicato, no se limita a los casos concretos de los cuatro expresos de ETA y vaticina que repercutirá de forma positiva en todas las reivindicaciones, ya que afirma que “desde Madrid se ha enviado ya una circular a las oficinas del SEPE ordenando pagar el subsidio que por excarcelación han venido denegando” a los terroristas puestos en libertad. A este respecto, afirma que la subdirección provincial de este organismo en Guipúzcoa “se ha puesto directamente en contacto” con la asesoría jurídica de este sindicato para solicitar “la relación de los expedientes en los juzgados para su revisión”.
LAB ha venido denunciado en los últimos meses que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2014 una norma a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para modificar la Ley General de la Seguridad Social encaminada a negar a los expresos de ETA la prestación que “legalmente les corresponde”. Esta modificación exigía a los exreclusos la petición de perdón, el arrepentimiento o la colaboración con la Policía como condición indispensable para tener acceso a esta ayuda económica. El sindicato ‘abertzale’ llevó a los tribunales esta nueva normativa, que fue declarada nula en junio por el Constitucional al estimar las consideraciones previas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que puso en duda su legalidad por infringir el derecho a la reinserción social de los excarcelados.
La denuncia penal que la central ‘batasuna’ presentó el pasado 1 de diciembre por prevaricación contra la delegación del SEPE en Vizcaya sigue su curso con independencia de las resoluciones que ahora se han dictado. En este sentido, LAB ha informado de que el juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao le ha citado para prestar declaración el día 24 de este mes.
La decisión del SEPE de conceder el subsidio de desempleo por excarcelación a estos cuatro etarras una vez recobrada la libertad, y cuyo nombre no ha desvelado LAB, se suma a la reciente resolución judicial que el TSJPV ha dictado a favor de un expreso de ETA que había recurrido a los tribunales para obtener esta ayuda. En octubre del pasado año, el TSJPV reconoció el derecho a recibir esta prestación a un etarra que cumplió una pena de más de 13 años de cárcel en una prisión de Francia tras corregir una sentencia de un juzgado de Eibar que desestimó esta petición.
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, quien fue la primera opción que manejó Podemos para ser candidata a lendakari en las pasadas elecciones vascas de septiembre (la magistrada declinó finalmente liderar las listas de la formación de Pablo Iglesias), ejerció de ponente en una sentencia que apuntó al “principio constitucional” de la reinserción social para avalar el subsidio. Además, el fallo rechazó que el cumplir la pena fuera de España implique la negativa automática a recibir esta prestación, ya que hay que tener en cuenta los requisitos de ser español, tener su residencia en el Estado y carecer de empleo para su concesión.
