La institución ha recordado que presentó el recurso fundamentándose en el hecho de que, en la interlocutoria dictada en septiembre de 2015 a raíz de la demanda incidental de ejecución de determinados puntos de la sentencia de mayo de 2011 instada por Cesgarden, la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) afirmó que quedaba acreditado que la promotora había adquirido los terrenos donde se trasladaban los derechos urbanísticos con anterioridad, de modo que los compró voluntariamente.
"A pesar de ser conscientes de la dificultad de que los tribunales admitan un recurso extraordinario de revisión dado su carácter excepcional, el Consell consideró que no se podía renunciar a esta posibilidad", han indicado.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que, sin entrar a cuestionar la falsedad y la maquinación fraudulentas denunciadas por la institución, los documentos que lo podrían demostrar formaban parte de la documentación de los procedimientos judiciales anteriores, por lo cual no pueden considerarse nuevos.
De hecho, la ley da un plazo de tres meses desde el día en que se descubriesen los documentos decisivos, el soborno, la violencia o el fraude o en que se hubiese reconocido o declarado la falsedad.
El Supremo ha rechazado de este modo la tesis defendida por el Consell de Menorca de que la fecha de partida a considerar tenía que ser la de la notificación de la interlocutoria del 10 de septiembre de 2015.
Por su parte, continúa tramitándose la querella por la vía penal presentada por la administración insular contra Miquel Ramis Puiggros y la mercantil Cesgarden por estafa con uso de fraude procesal, un proceso que instruye el juzgado número 8 de Palma.
