El nuevo presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares acuñaba, en una reciente entrevista radiofónica, el interesante concepto de democratización del beneficio turístico: el arrendamiento a los turistas ha permitido que el enorme caudal de dinero que produce el turismo no quede únicamente en manos de los hoteleros. Un sector, el de los hoteleros, que percibe la emergencia del fenómeno del arrendamiento vacacional como una amenaza, hasta el punto de que la presidenta de su Federación ha señalado que “está en juego la quiebra del modelo turístico”.
Con su proyecto de intervención, el Govern parece querer contentar, en primer término, a los socios de la alianza, al tiempo que calmar la inquietud de la federación hotelera acerca del futuro de su negocio. El mensaje de que con las nuevas disposiciones legales sobre el alquiler vacacional se habilita un eficaz instrumento para fijar un techo de plazas turísticas va dirigido a quienes desde Podemos, y también desde Més y organizaciones satélite, vienen reclamando con insistencia que vengan menos turistas o, los más radicales, directamente que no vengan.
La iniciativa del ejecutivo deja en manos de los consells insulares las bolsas de plazas a las que obligatoriamente deberán recurrir quienes pretendan alquilar su inmueble. Concesiones para cinco años y a buen precio. Los ayuntamientos son las administraciones que deberán lidiar con los vecinos y convencerles de que en la calle X no se pueden alquilar el piso o la casa y en la calle Y sí es posible hacerlo. Lógicamente esos vecinos se preguntarán por qué yo no puedo rentabilizar mi propiedad y el vecino de dos calles más allá cuenta con todos los parabienes. Y todavía otro por qué a plantear por los propietarios de un inmueble que tiene nueve años y ocho meses y no puede alquilar y el vecino, cuya construcción ya tiene diez años, sí puede.
La ira de los afectados por las limitaciones que pretende introducir el Govern será debidamente reconducida hacia la administración municipal, luego el consell y, por fin, la comunidad de vecinos, que tendrá la última palabra en el caso de las viviendas plurifamiliares, acerca de cómo puede disponer o no cada propietario de su piso.
El presidente de la asociación de alquileres turísticos ya ha dicho en un primer acercamiento al proyecto del Govern de Francina Armengol que un total de 22.000 inmuebles quedarán fuera de la legalidad. 22.000 ciudadanos cabreados. Para empezar. La línea entre la regulación y la prohibición es tremendamente fina.
