La UCO de la Guardia Civil concluye la existencia de una posible “alineación de precios” de los carburantes entre compañías que deben ser competidoras. Así lo recoge en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la existencia de un presunto delito de alteración de precios por parte de diversas compañías del sector, como Repsol, Cepsa, Disa y Meroil, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Se centró en las comunidades autónomas de Baleares, Galicia y País Vasco,
Esto debido a que son las regiones donde se presentan los precios más elevados de la Península, basándose en datos de la propia CNMC. “Siendo la posición de Repsol muy relevante en el mercado minorista, mientras que la presencia de operadores independientes es muy reducida”, recoge el informe.
El magistrado inició una investigación en base a dos expedientes sancionadores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia contra estas petroleras, además de contra Galp, y a las que hizo pagar 32 millones de euros por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.
Tras admitir a trámite una querella presentada por la asociación de consumidores José Mena contra las compañías y sus responsables, el magistrado ordenó a la Guardia Civil que realizara una investigación para conocer si tras la incoación del expediente de la CNMC, iniciado en 2013, estas petroleras han continuado pactando el precio de los carburantes, en contra de las normas del mercado.
Así, la UCO se centró en las comunidades autónomas de Baleares, Galicia y País Vasco, que son las regiones donde se presentan los precios más elevados de la Península, basándose en datos de la propia CNMC. “Siendo la posición de Repsol muy relevante en el mercado minorista, mientras que la presencia de operadores independientes es muy reducida”, recoge el informe.
En estas comunidades es donde existe mayor concentración de los operadores integrados y más reducida la presencia de operadores independientes y por eso los investigadores consideraron que debían centrarse en estas regiones para realizar un análisis de precios en las distintas estaciones de servicios.
Así, el informe concluye que se han detectado en estas comunidades, entre los 1.116 puntos de venta de carburante analizados, “una posible alineación de precios entre varios sujetos del mercado que debían ser competidores”.
Sin embargo, los investigadores advierten que por el momento no cuentan con otros factores a los que tener en cuenta que afecten a la evolución de los precios, “como pudieran ser las posibles reuniones entre los comerciales o gestores de los distintos puntos de ventas por un hipotético intercambio de información o coordinación en materia de precios”.
Es cierto que la Guardia Civil en algunas de las estaciones ha detectado plena coincidencia de precios entre competidores pero entiende que deben ser los técnicos los que decidan si efectivamente con los datos aportados en su informe concluyan si esa coincidencia “puede ser considerada o no como compatible con una conducta de concertación de precios entre las distintas estaciones de servicio”.
Este informe fue entregado al juez el pasado 12 de septiembre en una causa que ha estado durante meses bajo secreto de sumario, precisamente para permitir que la Guardia Civil realizara su investigación. La UCO se ha centrado en las tres comunidades autónomas donde hay mayores indicios de la existencia de esa concertación. De ahí, han buscado las estaciones de servicios con precios alineados durante una temporada de tres meses, desde junio a julio de 2016. El objetivo era conocer la tendencia que le ha reclamado el juez sobre indicios de que las petroleras han seguido manteniendo sus comportamientos tras el expediente de la CNMC.
