El método más utilizado para gestionar los residuos es el vertido, en un 55%. Por último, la incineración (un 12%), con recuperación de energía y sin recuperación (equivalente al vertido), tanto en plantas incineradoras como en cementeras, completan el panorama, y no han ayudado a aumentar la tasa de reciclaje.
Esos resultados contrastan con la importante inversión que se ha hecho –muchas veces con ayudas europeas de los Fondos Feder o de Cohesión– en la construcción de plantas de tratamiento mecánico biológico (TMB), que deberían tratar los residuos y obtener materiales recuperados para ser utilizados de nuevo. En realidad el balance de esas plantas TMB es muy pobre, ya que el porcentaje de recuperación de materiales (metales, plásticos, papel y cartón, envases) muy pocas veces supera el 5%, y el compost obtenido no cumple con las especificaciones legales, por lo que en su gran mayoría es depositado en vertedero. Para que ese compost, que en realidad se denomina material bioestabilizado, pudiera utilizarse como abono agrícola, sería necesario implantar la recogida selectiva de la materia orgánica, muy poco implantada en el Estado español, aparte de algunas zonas como Catalunya, País Vasco y Navarra, que la practican parcialmente. Así pues, la mayor parte de los residuos entrantes en las plantas TMB son depositados en vertedero en proporciones que oscilan entre un 75 y un 80%.
Algunas plantas TMB en funcionamiento (Artigas en Bilbao) o en proyecto (Zubieta en San Sebastián) solamente pretenden secar la basura (bisecado, la llaman) para que tenga un mayor poder calorífico y proporcionar así mayor cantidad de energía en su posterior incineración, después de recuperar un mínimo porcentaje de materiales reciclables.
Además hay que anotar que ese reciclaje del 33% proviene en su mayor parte (17%) de la recogida separada a la que contribuyen muchas personas voluntariamente en los contenedores específicos (verde de vidrio, amarillo de envases y azul de papel-cartón).
Las exigencias de la Unión Europea para 2020 son alcanzar una tasa de reciclaje del 50% en cada uno de los materiales componentes de los residuos domiciliarios, para aumentar al 60% en 2025 y al 65% en 2030. Es muy difícil, si la evolución de los últimos 10 años continúa igual, que el Estado español puede alcanzar esos objetivos. Los criterios de la Comisión Europea para conceder ayudas y subvenciones en la construcción de nuevas instalaciones que son necesarias son que se cumplan la condicionalidades “ex-ante” (antes del proceso) en lugar de las posteriores, una vez las instalaciones estén construidas y en funcionamiento. En la mayoría de los casos esas condicionalidades posteriores no se han cumplido, ya que esas nuevas plantas no han ayudado a conseguir los objetivos ambientales.
La carta enviada en agosto de 2016 por las Comisión Europea al Embajador de España ante la Unión Europea (el actual Ministro de Asuntos Exteriores Alfonso María Dastis Quecedo) avisa de que, en la actual situación de la gestión de residuos en España, es difícil que se puedan otorgar nuevas ayudas para la construcción de plantas TMB e incineradoras de residuos, pues es fundamental que la gestión de los residuos resida en los escalones primeros del principio de jerarquía (prevención, reutilización y reciclaje) y no en los situados inferiormente, en especial los últimos de esa jerarquía (incineración y vertido).
La gestión de los residuos debe, por tanto, girar 180º de forma urgente y comprometerse por la recogida selectiva de los mismos, en especial de su fracción orgánica, implantando sistemas de recogida eficientes como el puerta a puerta. Además se han de implantar sistemas de depósito devolución y retorno de los envases, para evitar su abandono en el medio natural y mejorar la limpieza de las ciudades, contribuyendo a unas tasas de reciclaje más altas. Se han de abandonar los proyectos de construcción de macroplantas TMB, incineradoras y macrovertederos, impulsando el tratamiento de la fracción orgánica en pequeñas plantas comarcales cercanas a los generadores de esa fracción.
Por último, Ecologistas en Acción considera que para lograr los objetivos ambientales de la normativa europea es imprescindible establecer mecanismos económicos como la imposición de tasas al vertido y a la incineración, como ya lo han hecho Catalunya y Castilla León (está última solo al vertido), así como incentivos al reciclaje, autocompostaje y compostaje comunitario, con reducciones de las tasas de basura municipales.
