La investigación se inició a raíz de una primera denuncia de los trabajadores que describían que cobraban las horas extras enmascaradas bajo el de anticipos de pagas extras que no cobraban realmente, la firma falsos finiquitos, y llegar a trabajar hasta 64 horas semanales; condiciones que se veían obligados a aceptar por temor a perder su puesto laboral.

La denuncia reflejaba además que el empresario había interpuesto una persona de nacionalidad rumana, como pantalla, que simulaba ser el propietario y gerente de ésta, con el fin de evitar ser embargado por deudas que tenía pendientes con Hacienda, generadas por negocios anteriores ya extinguidos.

La UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició las investigaciones del entorno de dicha empresa, del entramado societario ficticio del empresario real así como de los bienes muebles e inmuebles, tanto de los que ostenta su titularidad, como los que que constan a nombre de terceros pero que realmente son de propiedad del denunciado.

Así, se identificaron y localizaron nueve trabajadores y extrabajadores de la empresa, que corroboraron la vulneración de sus derechos, así como la existencia de una tercera persona que era la que firmaba sus contratos y nóminas como si fuera el dueño o gerente de la empresa sin serlo.

Una vez identificado el falso titular de la empresa, el mismo manifestó a los investigadores ser tan solo un trabajador más y haber aceptado esas condiciones por temor a perder su puesto laboral, siempre bajo las órdenes del verdadero titular de la empresa.

Se han llevado a cabo varias inspecciones y registros, interviniéndose gran cantidad de documentos que muestra evidencias claras de un posible fraude a la Seguridad Social, estimado entre 300.000 y 500.000 euros.

Por tales hechos y ante indicios claros de ilegalidad, el Grupo II de la UCRIF procedió, el pasado 24 de noviembre, a localizar y detener al empresario mallorquín, por un delito contra los derechos de los trabajadores, delito por fraude a la Seguridad Social y por alzamiento de bienes, interviniéndose uno de los vehículos de alta gama el cual estaba a su disposición, y del cual anteriormente había eludido un embargo cambiándolo de titularidad, quedando dicho vehículo estacionado en el depósito municipal y a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.