Estas son las conclusiones fundamentales del estudio que la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá ha obtenido sobre los efectos de los cambios en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, sobre los Espacios Naturales Protegidos de las Islas Baleares (LECO) a raíz de las modificaciones establecidas por Ley de Evaluación Ambiental aprobada el pasado 17 de agosto.
El estudio fue encargado por la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) a la Cátedra de Medio Ambiente que, durante los últimos seis meses, ha trabajado sobre el terreno y ha revisado multitud de informes científicos para evaluar las consecuencias que dicha alteración legislativa podría provocar en el estado de conservación de las especies que habitan en la Serra.
"Las conclusiones son muy claras, reflejando que la modificación aprobada afectará de forma significativa a la conservación de algunas zonas, más si cabe con el incremento de la presión turística que se está produciendo en toda la Serra", se apunta en el estudio.
ESPECIES AMENAZADAS
La Cátedra de Medio Ambiente explica que la modificación legal ha cambiado los usos de las denominadas zonas de exclusión (zonas de máxima protección que en el caso de la Serra de Tramuntana no superan el 2,98% de su superficie) permitiendo el acceso y estancia en estas zonas para actividades de recreo y ocio.
Estas zonas de exclusión, verdadero núcleo del espacio natural, se diseñaron con el objetivo de preservar las especies más emblemáticas de la Serra como el buitre negro, el halcón de Eleonor o el águila pescadora.
Entre los espacios naturales más afectados se encuentran algunas fincas que, mediante el acuerdo con organizaciones conservacionistas, han ayudado a gestionar esos espacios y han supuesto el corazón de la recuperación de las especies amenazadas.
Entre ellas se encuentran las fincas Ariant y Ternelles, en una de las áreas más importantes desde el punto de vista medioambiental donde habita la mayor colonia de buitre negro de Mallorca.
En estas fincas se refugiaron los últimos ejemplares de la especie, que conformaron el núcleo clave en la recuperación poblacional que se está produciendo.
El estudio subraya que la nueva reglamentación "producirá con toda seguridad efectos negativos significativos sobre el estado de conservación y supervivencia futura de las especies más sensibles de la Serra, sobre la tranquilidad en sus hábitats de cría, nidificación y alimentación, provocando una pérdida de calidad y un deterioro del hábitat para las especies más emblemáticas y que tienen el mayor grado de protección".
Además de incumplir la legislación europea, nacional y autonómica, la nueva reglamentación "va en contra de las directrices de los planes de gestión de los espacios naturales de la Serra de Tramuntana aprobados en el año 2015, es decir incumple las obligaciones que tiene la propia Administración de velar por la conservación de las especies y sus hábitats".
El estudio explica que la autorización de los usos de ocio, tránsito y estancia en las zonas de exclusión se ha realizado "sin someterlo a información pública, es decir sin poder manifestarse entidades, grupos implicados y titulares de derechos, sin informe científico y técnico que lo avale y, por tanto, sin evaluar las consecuencias negativas que puede producir".
Además, "va en sentido contrario a todas las reglamentaciones y regulaciones que se establecen en todo el Estado español y en los países de la Unión Europea para los espacios protegidos, donde es necesario preservar algunas zonas sin intrusiones ni presencia humana", se apunta en el informe al respecto.
TRÁNSITO POR SENDEROS Y CAMINOS
"De mayor gravedad, si cabe", dice el estudio, "el tránsito por las sendas y caminos existentes, hasta que se planifique y regule el control de las visitas, supone una grave irresponsabilidad ambiental, ya que abre la zona a la presencia incontrolada del turismo, zonas que deberían estar restringidas si se quiere conservar las rapaces que en ellas subsisten".
El estudio explica que "no es compatible el paso de personas en ese 2,98% de la Serra Tramuntana con la nidificación y cría de las especies protegidas".
El estudio añade que "en ningún espacio protegido donde hay colonias de buitres o especies similares se permite un paso franco a todas las personas que quieran entrar y siempre hay una limitación que permite la cría de dichas especies sin ser molestadas".
La Cátedra de Medio Ambiente concluye que no hay ningún espacio de reserva integral o zonas de exclusión en la Unión Europea que haya visto rebajado su grado de protección.
El estudio de la Cátedra de Medio Ambiente advierte de que, según datos oficiales, algunos senderos de estas zonas tienen más de un millón de visitantes al año y el propio Govern estima que más de 300.000 turistas visitarán estas zonas entre octubre de 2016 y abril de 2017.
La Cátedra de Medio Ambiente concluye que, preservando ese 2,98% de la zona de reserva del parque, no se afecta a sus valores turísticos ni a su desarrollo pero, abriéndolo de forma incontrolada, puede causar graves perjuicios a la fauna y flora de estos espacios únicos en el mundo.
QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Por su parte, la FVSM subraya que el previsible deterioro de las zonas más sensibles para la conservación de la biodiversidad de estos espacios naturales será aún más grave en estos momentos de creciente masificación turística y con una notable ausencia de medios de vigilancia por parte de la Administración.
La Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) presentó el pasado mes de septiembre una queja al Defensor del Pueblo para denunciar que la disposición final segunda de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares, aprobada a finales de julio por vía de urgencia y publicada en el BOIB en agosto, vulnera diversos preceptos fundamentales de la Carta Magna así como la legislación europea, nacional y autonómica; y rebaja la protección medioambiental de los espacios protegidos de las islas sin justificación científica alguna y sin el obligatorio trámite de información pública necesario para modificar la legislación.
La FVSM ha reclamado que el Defensor del Pueblo exija explicaciones a la Comunidad Autónoma de Baleares sobre la justificación medioambiental de dicha modificación ante las graves infracciones jurídicas y medioambientales que ha supuesto su aprobación.
La FSVM solicitó el pasado mes de septiembre al Gobierno de la Nación que valorase la inconstitucionalidad de las disposición final segunda de la ley de Evaluación Ambiental de Baleares y que abriera las vías que la Ley reguladora del Tribunal Constitucional prevé para eliminarlas.
Tanto la queja al Defensor del Pueblo como la solicitud enviada al Gobierno de la nación fueron presentadas por el presidente de la FVSM, Jesús Garzón, un histórico ambientalista español de reconocido prestigio internacional e impulsor de numerosos proyectos de conservación en el ámbito nacional e internacional.
