Entre otras medidas, Armengol ha explicado que esta normativa obliga a que los proveedores de energía (agua, electricidad, gas) avisen antes de realizar cualquier corte de suministro a los servicios sociales de los ayuntamientos para "encontrar una solución" y da impulso a un alquiler social "accesible" estableciendo que los "grandes propietarios", con más de diez pisos, cedan sus pisos al Govern para destinarlos a alquiler social.
Por su parte, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Baleares han manifestado este miércoles que la Ley de la Vivienda que está tramitando el Govern "es un compendio solo de buenas intenciones" que "no garantiza unos mínimos relativos al derecho a una vivienda digna".
Según han explicado en un comunicado conjunto firmado por las plataformas de Mallorca, Menorca e Ibiza, "el alcance es tan limitado" que "no llega a ser una Ley de medidas urgentes encaminada a afrontar la realidad de la situación de emergencia habitacional".
Así, aseguran que es una ley "anacrónica" que "no refleja el estado actual del derecho a la vivienda" y por tanto "su despliegue resulta inútil para el 80% de los casos de emergencia habitacional".
De esta manera dicen que este "anacronismo se concreta en la falta de ayudas y compromiso por parte de esta Ley en los desahucios de alquiler, que suponen más del 65% con respecto al 2016 y se van incrementando".
Durante la redacción de esta ley, las PAHs han entendido que la "legislación balear tiene una gran carencia" ya que "ni siquiera tenía una Ley de vivienda para modificar, y por tanto, era y es necesario desarrollar unos mínimos que dieran contexto y fundamento a las medidas de emergencia" que presentaron en noviembre de 2015 en el Parlament.
Así, señalan que aunque en una primera etapa del redactado del presente borrador se incluyeron estas medidas de emergencia y de otros existentes en los textos de vivienda de Navarra, País Vasco y Aragón, "las revisiones posteriores han mutilado la parte de garantía de una vivienda digna y han dejado un texto descafeinado".
En este sentido, aseguran que "son preocupantes las palabras" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha repetido "en varias ocasiones el término 'alquiler social', cuando en la Ley estas dos palabras conjuntamente no constan ninguna vez".
Además, aseguran que las declaraciones de que la ley evitará los corts de suministros no son "del todo ciertas" ya que no lo "especifica en ninguna parte, ni tiene un principio de precaución que obligue a las suministradoras informar a servicios sociales antes de un corte".
Todo esto, dicen, refuerza la "sensación de hacer una ley que "suene bien" pero que "no pasa de ser en gran parte un texto carente de contenido real, ni de peso ejecutivo para garantizar el Derecho a una Vivienda Digna".
