El coste de estas tarjetas no supone una cantidad fija ya que su uso es finalista y el Congreso sólo abona los viajes que el parlamentario realice efectivamente. Lo que está fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros al mes. Si todos los que no han renunciado a la tarjeta agotaran su consumo, el Congreso tendría que pagar este año 906.000 euros.
Según los datos del Congreso a 4 de noviembre de 2016, un total de 302 parlamentarios solicitaron la tarjeta al llegar a la Cámara, lo que supone el 86,2% del Pleno. Entre ellos figuran los 32 de Ciudadanos, los nueve de Esquerra Republicana (ERC), los cinco del PNV y los 19 que conforman el Grupo Mixto. De los 134 diputados del PP, sólo cuatro no la han reclamado, mientras que de los 83 del PSOE —son 84 pero Pedro Sánchez aún no tenía sustituto en esa fecha— no lo han hecho dos.
Por contra, de los 67 parlamentarios que forman parte del grupo confederal de Unidos Podemos, más de la mitad, en concreto 41, han desechado esa tarjeta frente a los 26 que sí la han solicitado, aunque se desconoce si pertenecen a Podemos e Izquierda Unida, que suman 45 diputados, a En Comú (12), a En Marea (5) o a Podemos/EUPV (5).
Aunque la Cámara no revela los nombres de quiénes la han pedido, la dirección nacional de Podemos acordó el pasado enero que todos sus parlamentarios debían renunciar a la citada tarjeta, salvo los diputados que procedan de las Islas Canarias y Balears, que actualmente son cinco.
En la frustrada pasada legislatura, que apenas duró cinco meses, un 14% de los diputados, es decir, 51 de los 350 renunciaron a la tarjeta personalizada de taxi, de los que 48 fueron de Podemos y tres del PP.
Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista.
Si lo que usan es su propio automóvil para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación.
