El orden del día del pleno, que comenzará a las 10.00 horas, también incluye una solicitud de Ciudadanos (C's) para crear una comisión no permanente de investigación sobre el proceso de reestructuración bancaria en Sa Nostra.
Todos los grupos de la oposición, excepto el PP, utilizarán sus preguntas a la presidenta Armengol para interesarse por la situación de Baleares ahora que el líder 'popular' ha sido investido presidente del Gobierno.
Así, Xavier Pericay (C's) preguntará a la presidenta cómo ve el futuro de la comunidad autónoma tras la investidura de Rajoy; el portavoz del PI, Jaume Font, querrá conocer la estrategia del Govern ante un gobierno del PP en el Estado; y la portavoz de Podemos, Laura Camargo, querrá saber cómo piensa hacer frente el Govern a las políticas que impulsará el Gobierno estatal y que puedan afectar al desarrollo de los Acords pel canvi.
La única pregunta a la presidenta que no está relacionada con el nuevo gobierno es la de la portavoz 'popular', Marga Prohens, que interrogará a Armengol acerca de la destinación del presupuesto sobrante de la renta social garantizada.
Por su parte, los consellers deberán explicar si piensan internalizar la plantilla de los informativos de IB3 durante esta legislatura; cuál es el criterio del Govern para el cálculo del peaje en la sombra a las concesionarias de las autopistas de Ibiza; o si consideran prudente incorporar como ingresos en los presupuestos las cantidades comprometidas en un protocolo de intenciones firmado con el Gobierno.
Otras preguntas abordarán las consecuencias del Brexit para el crecimiento de Baleares en 2017, el suministro de agua potable a los ayuntamientos de Menorca, o cómo afectará el TTIP a las Islas.
En la segunda parte, el PP interpelará al Govern en relación con la coordinación con los Ayuntamientos, e inmediatamente después está prevista una moción, también 'popular', sobre política del Govern en infraestructuras educativas.
Tras esto, C's instará al Parlament a crear una comisión de investigación sobre Sa Nostra y el PI defenderá la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la ley 7/2013 de Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares, por considerar que es necesario "introducir algunas mejoras que permitan avanzar en eficiencia administrativa y seguridad jurídica".
