Con el fin de poder mantener el no es no a Mariano Rajoy, y así mantener el amparo de Podemos a Francina Armengol en el Parlament, el socialismo balear, su secretaria general y presidenta del Govern, se ha dirigido por escrito, junto a otras siete federaciones del PSOE, al presidente de la gestora exigiendo que la abstención sea parcial, once diputados, evitando el mandato de la dirección del partido a sus diputados. La respuesta de Javier Fernández ha sido meridianamente explícita: “Dada la firmeza del acuerdo adoptado” por el Comité Federal “no cabe debate alguno sobre su eventual modificación”. Portazo, pues, a la posibilidad de vulnerar la resolución del máximo órgano de dirección socialista. Desde su perspectiva, la reacción es lógica. Al problema de la fractura del PSOE, el presidente de la gestora añadiría el caos total si la vigencia de las decisiones del comité federal quedara al albur de los intereses particulares de un determinado número de dirigentes. O se aceptan las reglas de juego o se rompe la baraja. Pero no es de recibo reconocer el mandato del partido sólo cuando se ajusta a la conveniencia personal de Francina Armengol en este caso.
Los diputados del PSOE, y también los del PP, ahí no hay diferencias, han tenido múltiples ocasiones de apelar a su conciencia para no votar en contra de los intereses de Baleares, y se han plegado mansamente a las decisiones de sus respectivos jefes de filas, sin mayores escrúpulos. La nota diferencial ahora reside en la amenaza de Podemos: si los dos socialistas insulares se abstienen, la presidencia de Armengol estará definitivamente tocada.
En una entrevista radiofónica, el diputado Pere Joan Pons, explicaba que si llega a saber que debería abstenerse para que Rajoy pudiera formar gobierno, no habría aceptado formar parte de la candidatura socialista. Nada más sencillo que evitar la violencia personal que parece provocarle la decisión de su partido: devuelva el acta, dimita, váyase. Nadie le obliga a continuar en su escaño.
Las reglas de juego internas del PSOE prevén que en caso de no cumplir con las disposiciones establecidas, los diputados son expulsados al Grupo Mixto. El dilema de Pons y Hernanz es, pues, evidente: o salvan la presidencia de Armengol y quedan fuera de su grupo parlamentario, o se abstienen y conservan su estatus. Hay otra opción, menos probable: se van a su casa.
