En concreto, sobre la exdirigente de UM pesa un delito de cohecho pasivo, atendiendo al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado que la juzgó a finales de septiembre. La sentencia acuerda la aplicación de ninguna atenuante para la encausada, que reclamaba las de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para ella.
Por su parte, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal ha sido condenado a un año y 10 meses de prisión y al pago de una multa de tres millones; el exconseller insular Bartomeu Vicens a un año y medio y a una multa de dos millones; el intermediario en el pago del soborno, Miquel Llinás, a ocho meses de prisión y el propietario de Sacresa, Ramón Sanahuja, a nueve meses.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Asimismo, acuerda el comiso de cuatro millones de euros respecto a Munar, Nadal y Vicens, destinándose a tal fin las cantidades ya consignadas en el procedimiento.
La magistrada que presidió el jurado asevera en la resolución que no sólo hay un reconocimiento de los hechos por parte de los acusados -un día antes del juicio en el caso de Munar-, sino que además éstos coinciden en el tiempo con las extracciones que, por ese importe, si hicieron de las cuentas de Sacresa.
Respecto a Munar, alega que si se considera acreditado que la acusada recibió dos millones de euros -una parte mayor que el resto- es porque el jurado no sólo se ha basado en la afirmación que al respecto realizó Vicens, sino también "por la posición de control y supervisión de todo el concurso de Can Domenge ostentada y realizada por la señora Munar.
La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".
Tal y como confesaron todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.
Tal y como han considerado probado los jurados, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada, tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En concreto, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartiría entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.
Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.
A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, la del propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.
Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.
Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.
Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).
Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.
