Según ha informado el sindicato en un comunicado, actualmente hay 550 efectivos interinos en las plantillas de Policía Local de Baleares, lo que representa más del 20 por ciento del total, y esto supone "un problema endémico en el colectivo". Esto está "en contra la normativa estatal básica, por incumplimiento sistemático de los ayuntamientos de dicha normativa, y con la connivencia de los Governs de turno hasta el día de hoy", indica.
Además, UGT apunta que Baleares también tiene sobre la mesa diferentes sentencias que, "como poco, ponen en entre dicho, que un funcionario interino pueda ejercer las funciones de agente de la autoridad" y, por otro lado, la comunidad, pese a que dice que busca estabilizar las plantillas, "hace todo lo contrario, al aumentar el problema convocando un nueva promoción de personas, que únicamente obedece a presiones políticas municipales, a las que, de momento, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas se está plegando".
Por todo ello, el sindicato considera necesario afrontar de una vez por todas la verdadera problemática y sus posibles soluciones. Un problema que, dicen, ha sido generado por decisiones políticas a nivel municipal y autonómico y que, por tanto, creen que debe ser solucionado "con una especial implicación del Govern".
Entre las consecuencias que tiene esta situación se encuentra que esta modalidad de contratación temporal supone que haya efectivos realizando tareas similares para un mismo Ayuntamiento, pero con condiciones laborales y económicas diferentes.
Además, una vez finalizada la contratación hay muchas de estas personas que se encuentran "desamparadas a efectos judiciales ante los posibles pleitos que se hayan podido originar durante el desempeño de sus funciones". En muchos casos, añade UGT, se tienen que sufragar ellos mismos el coste de su asistencia jurídica.
Asimismo, a esto se le suma que, tras acabar su prestación de servicios, dejan de ser autoridad y tienen que convivir en con los vecinos a los que, en ejercicio de sus funciones, pudieron ser objeto de su denuncia.
La Federación de Empleados Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha indicado que está realizando gestiones en el ámbito estatal para posibilitar que se puedan convocar las plazas necesarias para acabar con el alto índice de temporalidad. "El Govern tiene capacidad normativa para acabar con este nicho de precariedad entre el colectivo de Policías Locales, por ejemplo a través de la futura Ley de Coordinación de Policías Locales de Baleares, de los próximos presupuestos de la comunidad para 2017, o bien a través de un decreto específico".
