El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación 'a dedo', por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.
Así lo ha acordado el juez después de que la Fiscalía presentara la pasada semana su escrito de acusación por estos hechos -al que se adhirió la Abogacía de la Comunidad Autónoma-, en el que pide un año y tres meses de cárcel para el exmandatario balear por un delito de tráfico de influencias y diez años de inhabilitación por otro de prevaricación. También reclama el pago de 120.000 euros en responsabilidades civiles.
El fiscal solicitaba así que el exdirigente del PP se siente de nuevo en el banquillo de los acusados al igual que ya lo hizo recientemente en otras dos piezas del caso Palma Arena, por cada una de las cuales reclama dos años de cárcel para el encausado. Sobre Matas también pesa una petición de cinco años de prisión por el caso Nóos, pendiente de sentencia.
Tal y como relata el fiscal en el marco del fleco relacionado con la Ópera -la pieza número 3 de la causa-, Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.
La defensa del expresidente, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Baleares Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener el encausamiento de su patrocinado. De hecho, el propio Matas, durante la declaración que prestó ante el juez en febrero de 2011, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto si bien defendió la legalidad de su contratación.
El exjefe del Ejecutivo balear defendió que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser Calatrava una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".
Sin embargo, en su escrito, Horrach señala de hecho cómo a principios de ese año el exmandatario autonómico decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral presentaría "un gran proyecto de obra para la ciudad de Palma", según el fiscal con el objetivo de "favorecer sus intereses propios" como candidato a ser reelegido presidente del Govern "y los del partido político al que representaba, a modo de golpe de efecto durante la campaña".
El representante del Ministerio Público hace hincapié en que, al adoptar la decisión anterior, Matas "era consciente de la práctica imposibilidad material y económica" del proyecto, puesto que no existía un estudio económico del mismo, "ni siquiera una simple aproximación", por lo que no se conocía el presupuesto necesario para acometerlo ni su forma de financiación.
Es más, añade Horrach, tampoco existía estudio sobre la ubicación del proyecto ni "un simple análisis" sobre la normativa urbanística aplicable a la zona donde se suponía que se preveía la ubicación; la zona donde presumiblemente se contemplaba situar "ni siquiera es titularidad de la Comunidad", y no había "un mínimo análisis sobre la viabilidad física de dicho proyecto en la zona elegida".
Fue así como en febrero de 2007 Matas se puso en contacto con el arquitecto valenciano, al que expuso su intención y con el que suscribió un acuerdo verbal por el que Calatrava presentaría un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a Ópera y artes escénicas "en un irrealizable proyecto que incluía la remodelación de toda la bahía de Palma, repercutiendo sobre el dominio público marítimo terrestre", según el fiscal.
Según abundaba el juez instructor, José Castro, en el auto con el que en marzo de 2015 puso fin a estas investigaciones, fue en Roma donde Matas concertó su cita con Calatrava, cargando al erario público los gastos que supuso el viaje y que ascendieron a 5.124 euros. Entre las partidas, detallaba Castro, se hallaban el alquiler de un coche con chófer por 1.300 euros, y una noche de estancia en hotel por 945 euros.
Tras ello, el expresidente ordenó al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que amañase un expediente de contratación mediante la proposición de distintos acuerdos al Consell de Govern a fin de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión y al acuerdo con Calatrava", revistiéndolos, prosigue el fiscal, de las formalidades jurídicas necesarias.
La tramitación fue finalmente encomendada al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) que, siguiendo las instrucciones del expresidente, optó por la contratación directa a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
Y todo ello, abunda Horrach, con el objetivo de "aparentar la existencia de un interés público" bajo la "falsa pretensión" de ordenar la Bahía de Palma y urbanizar el Muelle Viejo -competencia que no estaba en manos de la Comunidad Autónoma-, además de evitar informes técnicos sobre el precio de mercado del servicio que se pretendía y que puedieran interferir en el precio pactado verbalmente.
La propuesta fue aprobada por el Consell de Govern, al ser conscientes todos los miembros, añade el escrito de acusación, de que se trataba de una decisión del presidente por lo que, "dada su ascendencia, ninguno de los miembros se opuso a la misma".
Así fue como el arquitecto valenciano, finalmente contratado el 27 de abril, acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.
"Resulta imposible materialmente realizar el encargo en el espacio temporal comprendido entre la firma del contrato y la fecha de la pretendida presentación pública del proyecto", incide Horrach, quien señala que, a pesar de que el acto de presentación del proyecto no se produjo tras ser suspendido por la Junta Electoral, desde la Conselleria de Vicepresidencia y y por orden de Matas "se tramitaron y pagaron numerosos contratos menores vinculados a dicho acto".
Más en concreto, el Govern llegó a efectuar el pago de facturas valoradas en unos 100.000 euros en total para la preparación del acto, cantidad que fue fraccionada en once contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso. En su auto de fin de instrucción, Castro llama la atención sobre "las conexiones escandalosamente evidentes" entre las empresas adjudicatarias de los encargos, relativos al montaje de las carpas y tarimas del acto.
