Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
El pasado viernes, cuando acababa el plazo de 30 días para que el Gobierno emitiera su opinión sobre buena parte de las proposiciones de ley registradas esta legislatura, el Ministerio de la Presidencia comunicó al Congreso su negativa a tramitar diez de ellas.
En esa lista figuran una del PSOE para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras cuatro del Grupo Socialista sobre trabajadores subcontratados, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria, dos proposiciones para fomentar el autoconsumo eléctrico (una de Ciudadanos y otra de la Asamblea de Murcia), y otras tres propuestas de parlamentos autonómicos (una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).
Cada una de estas proposiciones de ley ha sido objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de 5.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.
En el caso de la paralización de la LOMCE, el Gobierno argumenta que, si se detuviera el calendario de aplicación, España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. Esta misma iniciativa llegó a debatirse en el Pleno del Congreso la pasada legislatura, pero entonces Moncloa renunció al veto al considerar que, ante la previsible disolución de las Cortes, el calendario no peligraba.
La decisión de frenar su tramitación se adoptó el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Estabilidad comprometido con Bruselas, y en Moncloa alegan que dar vía libre a esas leyes que implican aumento de gasto sería una mala señala para la Comisión Europea porque se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de esos compromisos presupuestarios.
A tenor de estos precedentes, todo apunta a que el Gobierno tampoco permitirá tramitar la proposición de ley que el PSOE y todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos registraron la pasada semana, junto con los sindicatos, para subir las pensiones en 2017 por encima de la inflación.
En los anteriores casos de vetos del Gobierno, las proposiciones de ley que no contaban con el visto bueno de Moncloa se daban por decaídas, pero entonces la Mesa del Congreso tenía la misma mayoría que el Ejecutivo.
En esta legislatura sin mayorías claras, la Mesa que preside Ana Pastor deberá tomar ahora una decisión sobre si retira o no estas diez iniciativas y las próximas que sean objeto de veto por el Gobierno.
Si la oposición, que tiene mayoría en la Mesa, desoye el veto de Moncloa y sigue adelante con la tramitación, el Gobierno podría acabar en los tribunales o incluso planteando un nuevo conflicto de competencias con el Congreso.
