Mediante un auto dictado este lunes, el juez mantiene la imputación de Matas y Rodríguez y da paso a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que pidan la apertura de juicio oral por estos hechos o, por el contrario, soliciten el archivo de las diligencias. Se trata por tanto del primer paso para que ambos encausados se siente en el banquillo, por primera vez en el caso de Rodríguez.
Castro les atribuye la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documentos oficiales.
En concreto, las pesquisas se enmarcan en la subpieza número 3 de la pieza 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación del caso Gürtel en Baleares y centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares con las que fue favorecida Over desde varias Consellerias así como en la supuesta financiación ilegal del PP balear.
El magistrado también ha decretado que continúe el proceso penal contra el propietario de Over, Daniel Mercado, 'arrepentido' en estas pesquisas, y quien fuera entonces la secretaria general técnica de la Conselleria de Interior, María Luisa de Miguel.
El propio Mercado explicó el pasado mes de enero ante el juez que Rodríguez le hizo un encargo por unos 21.000 euros, cantidad que fue fraccionada en dos importes, como si de dos servicios se tratara, para que pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
Rodríguez, también expresidente del PP de Palma, dimitió en julio de 2012 de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller.
En el marco de estas pesquisas, los investigadores apuntan a que parte del dinero público que recibió Over habría acabado en manos del PP balear.
Tal y como manifestó en su día ante el juez Mercado, éste pactó con Matas poder cobrar en dinero negro parte de los gastos de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió su empresa. El encausado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
Según precisó, el extesorero del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido.
De hecho, apuntó que éste último era el dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP" y los presupuestos que Mercado presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".
Precisamente, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.
Dentro de estas actuaciones judiciales se encuentran bajo lupa judicial diversas Consellerias que intervinieron en la adjudicación de contratos a Over. Más en concreto, se indagan las partidas públicas que se destinaron a esta empresa por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.
Fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
