"En primer lugar, hay que abordar seriamente el derecho de los propietarios de tierras de que no se cace en su casa", asevera la entidad en un comunicado, en el que señalan que "miles de propietarios tienen sus fincas enclavadas dentro de cotos de caza".
Según los ecologistas, "evidentemente tienen la opción de abandonar el coto, pero esto supone automáticamente pasar a formar parte del terreno gestionado de aprovechamiento común ('terreno libre') donde también se puede cazar".
Tal y como explica el GOB, los 'terrenos libres' son un anacronismo mantenido en la ley de caza de Baleares pese a que ya fue eliminado en otras leyes de varias comunidades autónomas. "En realidad, ni siquiera se ajustan realmente a los requerimientos de la ley balear de caza, ya que no cuentan con una verdadera planificación cinegética, con una persona o entidad responsable en caso de daños ni con una ordenación de capturas", asevera la entidad.
Es por ello que desde la plataforma ornitológica sugieren abordar la revisión de la ley de caza por la vía parlamentaria a petición del Consell de Mallorca y eliminar los 'terrenos libres'.
Mientras tanto, también solicitan a la Institución supramunicipal que anule el 'Plan Marco', instrumento que permite la caza en estos tipos de terrenos a nivel insular.
De hecho, algunos ayuntamientos como el de Palma ya han optado este año por no adherirse al 'Plan Marco' y evitar así la caza en los 'terrenos libres'. "En estos terrenos cazan aquellos que no pueden permitirse alquilar un coto de caza o los que no pertenecen a ninguna sociedad local de cazadores", explica el GOB.
Así, reclama que los cazadores que utilizan el 'terreno libre' se incorporen a las diferentes sociedades de cazadores locales existentes o bien que se organicen entre ellos para declarar, con el beneplácito de los propietarios, nuevos cotos de caza donde su práctica esté realmente ordenada y no genere conflictos.
En esta línea, la entidad considera necesario implantar las pruebas de acceso a la licencia de caza, una medida que ya aparecía dispuesta en la Ley 4/1989 de conservación de la naturaleza y posteriormente fue recogida por la vigente ley balear de caza en 2006.
Así, hace 27 años que se estableció la necesidad de que los cazadores demostrasen mediante una prueba su conocimiento de la normativa cinegética pero, según el GOB, "aún tenemos pendiente la aplicación de este requisito. Instamos así al Consell a agilizar la reglamentación de la prueba de acceso a la licencia de caza para garantizar que todo cazador conoce la normativa que debe cumplir y evitar así la comisión de posibles infracciones o delitos por desconocimiento".
