De esta manera, la Cámara balear se ha mostrado contraria a estos tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones que, según ha explicado Podemos en un comunicado, no garantizan la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos en materia de salud, ocupación, agricultura, cultura, comercio, medio ambiente y contratación pública.

Cabe recordar que en febrero la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament aprobó una proposición que rechazaba "el actual proceso de negociación del TTIP".

Según ha dicho el diputado Carlos Saura en su intervención en la Comisión de Economía, es necesario decir no a los tratados CETA y TISA. "Tenemos que ser territorio de resistencia a las políticas antisociales que no protegen las mayorías, así como ya lo están siendo 140 municipios en todo el Estado y 1.400 en toda Europa", ha indicado Saura.

Según ha dicho, algunas de las consecuencias de estos tratados es que, en el ámbito laboral, los trabajadores perderán toda posibilidad de enfrentarse a un mercado laboral sin fronteras para las grandes empresas y tendrán que tener total flexibilidad.

"Ver ensaimadas de Canadá o sobrasada de Wisconsin no será un disparate", ha declarado antes de recordar que, en el medio ambiente, preocupa el 'fracking'.

En concreto, en la PNL aprobada, el Parlament se declara contrario a TTIP, CETA y TISA por no garantizar la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, en materia de salud, ocupación, agricultura, cultura, comercio, medio ambiente y contratación pública, entre otras, y así lo hará saber al Estado y a las instituciones de la UE.

Además, el Parlament ha instado al Gobierno central a no autorizar la firma del acuerdo ni autorizar la conclusión del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), así como a que rechace cualquier aplicación provisional del CETA y a que pida un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del CETA, el TTIP y el TISA con la normativa de la UE.

Asimismo, insta al Ministerio de Economía y Competitividad a que disposiciones como los ISDS o la ICS no sean incluidas en ningún próximo tratado de comercio o inversiones si sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor. Al mismo tiempo, insta al Gobierno a impulsar políticas internacionales y de cooperación que permitan el desarrollo de sistemas judiciales fuertes, imparciales e independientes.