Según recoge Europa Press, la acusada, para quien la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y una multa de siete millones de euros, ha roto a llorar durante el interrogatorio y ha asegurado, tras mostrarse de acuerdo con las acusaciones que pesan sobre ella, sentirse incapacitada para responder a todas las preguntas del fiscal: "Han pasado diez años y estoy en tratamiento psicológico", ha apuntado.
Así, al ser interpelada sobre qué cantidad percibió de los cuatro millones de euros, ha respondido: "La verdad, no sé cuánto cobré yo".
El representante del Ministerio Público le ha preguntado de qué bienes dispone, a lo que la inculpada ha asegurado no tener "absolutamente nada" como tampoco ninguna cuenta "ni en Andorra ni en ningún otro sitio". "Todos los bienes, incluso mi domicilio conyugal y mi herencia, todo está embargado. Después de toda una vida intentando creer en la igualdad, no tengo libertad y estoy muerta política, económica y socialmente", ha remarcado.
No obstante, ha apuntado que ha intentado paliar el perjuicio causado con estos hechos mediante el pago de 150.000 euros y ha recordado que hace un año "decidí cooperar con la justicia. Pensé que podía llegar a un acuerdo global" por todas las causas en las que ha sido investigada.
La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicitaba inicialmente su libre absolución al negar hasta ahora haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".
La Fiscalía también se dirige contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal -para quien reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.
Del mismo modo, Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.
Por otra parte, también se ha interrogal al expresidente de Unió Mallorquina (UM) y exvidepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, quien ha asegurado que mientras fue diputado y alto cargo insular "no hice jamás nada sin informar a la señora Munar, hasta de con quién comía".
Además, ha reconocido que se concertó con el resto de acusados de esta causa "para pedir el dinero". Una entrega que, ha recordado, se produjo en dos partes: de la primera (de dos millones de euros) se hicieron cuatro partes, según le dijo el exconseller insular Bartomeu Vicens -para éste, para Munar, para Flaquer y otra para él-, mientras que la segunda "fue para el partido".
El exalto cargo de UM ha recordado que recibió un sobre grande, aunque no contó el dinero cuando lo recibió. "No estaba acostumbrado a recibirlos", ha espetado Nadal, recordando que los fondos fueron destinados a la campaña electoral de UM en Palma, a cuya alcaldía concurría como candidato. "Sabía que el dinero procedía de Can Domenge", ha reconocido.
Finalmente, ha manifestado que no hubiera firmado la adjudicación de los terrenos -como hizo porque Munar se encontraba de baja- sin el consentimiento de la expresidenta. "Como vicepresidente podía hacerlo, pero no lo habría hecho si me hubiera dicho que no lo hiciera", ha remarcado. Sobre el hecho de que UM recibiera dinero negro, el acusado ha señalado que "no es que fuera una cosa diaria o habitual, pero sí que se recibía".
