Así lo ha dado a conocer la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, que han comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Ejecutivo isleño, Pilar Costa, para dar cuenta de este acuerdo por el cual los funcionarios "recuperan parte de sus derechos perdidos durante la anterior legislatura", ha dicho.

Según ha explicado Cladera, el personal funcionario y laboral al servicio de la Comunidad Autónoma "amplía los supuestos" a partir de los que pueden ser beneficiarios de la compensación económica en caso de baja laboral, conocida como incapacidad temporal.

Así, se reconoce el derecho a percibir un complemento económico de la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta alcanzar, como máximo, el 100% de las retribuciones que correspondan a las personas afectadas por las siguientes situaciones de incapacidad temporal: Las que impliquen una intervención quirúrgica u hospitalización, aunque éstas tengan lugar en un momento posterior, siempre que correspondan al mismo proceso patológico y no haya habido interrupción.

También afecta a los procesos que impliquen tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, o tratamientos de naturaleza análoga y aquellos procesos que tengan el inicio durante el estado de gestación, aunque no supongan una situación de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia.

Además, se incluyen los casos derivadas de contingencias comunes por una enfermedad grave que imposibilite el desarrollo normal de la prestación del servicio --a este efecto, se entenderán como enfermedad grave las bajas iguales o superiores a cinco días--, y las que afecten a empleadas públicas víctimas de violencia de género y que deriven de dicha situación.

Así, Cladera ha apuntado que de esta forma se cumple con el compromiso del Govern "por devolver la normalidad" los funcionarios "después de años de recortes de los derechos de los empleados públicos", plasmado en la sesión de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración del 20 de julio de 2016.

"De este forma se eliminan las trabas que estableció el anterior Govern al personal funcionario, y el Govern se reafirma en su voluntad de devolver los derechos a los trabajadores públicos", ha afirmado la consellera al respecto.

Con todo, la plena operatividad del acuerdo del Consell de Govern se conseguirá al día siguiente de su ratificación por la mesa sectorial de cada ámbito, según la disponibilidad económica financiera y el calendario de retorno de derechos acordado en cada caso.