Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial consideran al dueño de la empresa que organizó la "fiesta mortal" autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones, también por imprudencia grave, tras considerarle el máximo responsable de los hechos ocurridos.
Consideran acreditado que la muerte de las cinco jóvenes y las lesiones de otras 29 personas se produjo como consecuencia del sobreaforo existente -al haber entrado al recinto alrededor de 16.600 personas-, del cierre de vomitorios y escaleras -con lo que se dificultó el tránsito de los asistentes por el pabellón- y de haberse derivado la entrada del público a través de las puertas de emergencia directamente a la pista, que ya se encontraba saturada por el sobreaforo.
El abogado de Miguel Ángel Flores, José Luis Fuertes, ha asegurado a la salida de la Audiencia Provincial que piensan recurrir la sentencia.
Aún así, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha notificado hoy la sentencia al empresario y a los otros 13 acusados de homicidio por imprudencia grave y lesiones.
La Audiencia Provincial considera también culpables de cinco delitos de homicidio por imprudencia y lesiones al responsable de Madridec, Francisco del Amo, y al director general de Diviertt, Santiago Rojo, a los que condena a tres años de prisión, y a Miguel Ángel Morcillo, de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, a los que se les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión.
El Tribunal condena también a todos estos acusados, al igual que a Miguel Ángel Flores, a la inhabilitación especial para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos y espectáculos durante el tiempo respectivo de sus condenas.
Los magistrados consideran que los coordinadores de Seguriber Juan José Paris y Raúl Monterde son responsables en menor grado y les impone una pena de multa (12 meses a una cuota diaria de 10 euros). También consideran que el responsable de seguridad Rafael Pastor cometió "infracciones constitutivas de falta, que en la actualidad están despenalizadas, por lo que es absuelto", según la sentencia, si bien debe responder, junto con todos los anteriores, del abono de lasindemnizaciones a las familias de las víctimas, que giran en torno a los 350.000 euros para cada familia y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.
En cuanto a los doctores Viñals, "pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran", no está probado que si dichos médicos hubieran actuado correctamente podrían haber evitado que las jóvenes fallecieran, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio y el que transcurrió hasta que pudieron ser rescatadas.
