En su declaración, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el encausado señaló que las indicaciones de ambos dirigentes 'populares' "eran coincidentes con los dos grandes grupos de Cursach y Pabisa", dos de las empresas cuyo nombre figura en el marco de estas diligencias, que se encuentran en manos del Juzgado de Instrucción número 12.
Precisamente, un empresario que quería poner en marcha dos establecimientos de ocio nocturno en la calle Joan Miró de Palma puso de manifiesto en estas pesquisas que uno de los propietarios de los locales que adquirió por traspaso le dijo que, para abrir sendas discotecas, debía hacerlo de la forma que "menos perjudicara" al conocido promotor Bartolomé Cursach, ya que "si lo hacía enfadar iba a tener grandes problemas".
Según la declaración que efectuó como testigo en dependencias del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, el mismo propietario le espetó: "Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con 'La Paca, Tolo Cursach es 'La Paca' de la noche".
Por su parte, Nicanor G., en su deposición, prestada el pasado mes de junio, manifestó que "no ha cobrado ni un céntimo de nadie" y que si alguien le implica en pagos por parte de empresarios a cambio de favorecerles en inspecciones "será falsamente, porque nunca he cobrado". "Si cobrara todas esas barbaridades que se van diciendo tendría mucho dinero, y no es el caso", espetó.
Sí aseguró que otro agente, Miguel E., cobraba hasta 10.000 euros semanales "por proteger la calle del Jamón" -ubicada en S'Arenal-. Precisamente, en uno de los numerosos autos dictados en esta causa, el juez instructor Manuel Penalva se refería a este policía como "el agente que con casi total seguridad, durante más tiempo y de manera más grosera y retorcida ha actuado".
Por otro lado, otro agente de la Policía Local, que en su caso declaró como testigo, manifestó no haber ido nunca en compañía de otros compañeros a uno de los locales de alterne investigados en este caso y que, si bien "he bebido gratis todo lo que me han dado", no ha disfrutado "de sexo gratis". "Si he ido he pagado", relató.
En cuanto a Miguel E., recordó cómo éste de subinspector pasó a inspector, después a Mayor y finalmente a Comisario. "Lo que se oye es que lo tenía bien con el PP, pienso que si está ahí es por algo, o por mérito propio. Seguro que lo tiene bien", recalcó.
Entre las prácticas presuntamente ilegales desplegadas por los agentes, el juez alude tajante a "la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio", así como "fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".
El juez recrimina asimismo que entre estas conductas se permita el sobresueldo de ciertos agentes obtenido por su trabajo como porteros en locales de ocio, las amenazas, las coacciones, y los actos de intimidación cometidos contra quienes se han prestado a colaborar con las investigaciones.
