Así ha informado la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, quien ha recordado que el pasado 5 de agosto la Conselleria de Educación y Universidad encargó a la Abogacía de la Comunidad que iniciase las acciones oportunas para impugnar este decreto.
Una vez estudiada la norma estatal, la Abogacía ha concluido que puede ser objeto de una impugnación en su integridad, ya que presenta irregularidades procedimentales e incide en cuestiones relativas al ámbito competencial en materia de enseñanza, y también en materia de régimen lingüístico.
Desde que se aprobó el Real Decreto para regular las reválidas, el Govern ha trabajado para detener esta medida, "impuesta por un Ejecutivo central en funciones que obvió el parecer de la mayoría de miembros que integran la Conferencia Sectorial de Educación, y que ya expresaron su desacuerdo junto con la comunidad educativa".
El conseller de Educación y Universidad, Martí March, fue el primero en enviar una carta al ministro de Educación en la que solicitaba la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación a fin de tratar el proceso de implantación de la LOMCE.
El Real Decreto que impugnará el Govern privará de una titulación a los estudiantes que, a pesar de que hayan aprobado el curso, no pasen la evaluación final de 4º de ESO o de Bachillerato. Además, en el caso de 4º de ESO les obligará a matricularse únicamente en ciclos de Formación Profesional Básica y, en el caso de Bachillerato, les impedirá acceder a la universidad y a las enseñanzas artísticas superiores, ya que la nueva normativa sólo les da la posibilidad de acceder a un ciclo de Formación Profesional de grado inferior.
