La comunicación de alerta indica el importe que la comunidad deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que deberá adoptar para generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.
Por su parte, en otras comunidades como Aragón y Extremadura, como consecuencia del incumplimiento de los plazos máximos de pago establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio ha comunicado el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, así como el importe que deben destinar al pago a proveedores.
El periodo medio de pago de las comunidades autónomas se redujo en el mes de junio a 46,49 días, bajando 4,27 días respecto al mes anterior, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que muestran que Castilla y León, Extremadura y Murcia son las regiones donde el periodo medio de pago es mayor, con 94,58; 87,96 y 81,88 días, respectivamente.
Aparte de esas tres comunidades, continúan incumpliendo el plazo de 60 días Aragón (65,91) y Comunidad Valenciana (63,78). Además, Madrid (50,23), Cataluña (38,44) y Cantabria (33,93) incumplieron el plazo de 30 días, mientras que Castilla-La Mancha (22,31) ha logrado situarse por debajo de este plazo tras incumplirlo el mes anterior.
Como consecuencia del incumplimiento de los plazos máximos de pago establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio ha comunicado a Aragón y a Extremadura el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, así como el importe que deben destinar al pago a proveedores.
Este artículo establece que todas las modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la comunidad autónoma y que no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos requerirán de la adopción un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al Ministerio.
Asimismo, todas sus operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de autorización del Estado, y la comunidad deberá incluir en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad.
