El abogado, Francisco José Pérez, califica de "lacrimógenas" las alegaciones vertidas por la defensa de Rodríguez en relación a una "inexistente" vulneración de su presunción de inocencia y en contra de que le fuese prohibido acercarse a menos de 300 metros del departamento de Policía Local.
De hecho, asevera que el juez instructor de estas diligencias, Manuel Penalva, consideró que existían razones "suficientes" para decretar estas medidas, "máxime cuando la declaración del imputado consistió, fundamentalmente, en negar cualquier relación con los hechos e incriminar" al regidor y diputado del PP Álvaro Gijón.
"Véase, pues, cómo la táctica del sálvese quien pueda ha dado inicio", ha manifestado el letrado de la acusación particular, quien subraya que Rodríguez "no dio una sola razón" acerca de por qué reiterados testigos "alegan que el imputado ejercía poder suficiente tanto como cuando fue concejal, conseller o delegado del Gobierno para que se otorgasen tratos de favor a empresarios y policías locales afines a él".
La acusación incide en que no sólo se ha acreditado en la causa que "existen indicios de un comportamiento criminal en perfecta sincronía y ritmo con el resto de encausados", sino que el testimonio de Rodríguez "no permitió disipar ni crear una duda mínimamente razonable de que es un presunto delincuente y por ello se le imputó".
Por su parte ,el abogado también recrimina cómo el expresidente del PP de Palma manifestó, en su declaración, que "todos mentían", en alusión a quienes le habían mencionado en la causa, "si bien reconoció que tampoco tiene enemistad con ninguno de ellos", por lo que, añade, "se ignora qué espurio u oscuro móvil pueden albergar para atribuir los delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal a tan insigne figura de la política".
