El ‘céntimo sanitario’ es un impuesto creado por el Gobierno central para que los gobiernos autonómicos, a su libre albedrío, lo implantaran o no en sus territorios con el objetivo de destinar los fondos recaudados a financiar la sanidad pública. Por eso lo de ‘céntimo’ (la cuantía) y sanitario (el objetivo). Al precio de cada litro de combustible, gasolina o gasoil, se le añaden unos céntimos. Y céntimo a céntimo, se recaudan millones de euros.
El 1 de mayo de 2012, con la crisis a galope tendido y arrasando la economía balear, el Govern de José Ramón Bauzá multiplicó el ya existente ‘céntimo sanitario’ al máximo permitido: 4,8 céntimos por litro de combustible. La oposición –los grupos políticos que ahora gobiernan– pusieron el grito en el cielo contra esta medida, alegando que perjudicaba a los profesionales transportistas y a las clases medias.
Cuatro años después, con los que estaban en la oposición ahora gobernando, se sigue cobrando en Baleares el ‘céntimo sanitario’. Aunque, eso sí, con otro nombre. Tras las impugnaciones judiciales de las empresas del transporte y las asociaciones de consumidores españolas al nuevo gravamen, la Unión Europea sentenció que el impuesto era ilegal, que debía ser eliminado y que se debía devolver a cada uno de los compradores de combustible los céntimos pagados de más.
El Gobierno soslayó la sentencia europea cambiándole el nombre al ‘céntimo sanitario’. Dejó de ser un impuesto para financiar la sanidad pública y ahora es un simple recargo autponómico a los precios de los combustibles. Un recargo que Francina Armengol mantiene y que seguimos pagando todos los consumidores de las Islas Baleares.
Por eso, por esos 4,8 céntimos por litro, y por la insularidad, en Baleares pagamos los combustibles más caros de España.
